La anulación de la concesión al conglomerado chino CK Hutchison para la operación de dos puertos en torno al Canal de Panamá no afecta el proceso de licitación para la construcción de dos nuevas terminales que impulsa la administración de la vía interoceánica, dijo este lunes su administrador, Ricaurte Vásquez.
La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró el jueves pasado "inconstitucional" el contrato de concesión entre el Estado panameño y la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de la hongkonesa CK Hutchison, operadora desde 1997 de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), situados en los alrededores del Canal interoceánico y epicentro de las amenazas de EE.UU. de retomar la vía acuática.
"Las decisiones que ha tomado el Gobierno central y la Corte Suprema de Justicia, nosotros las recibimos tal como surgieron. Eso no ha interrumpido el proceso que nosotros estamos haciendo para poder sacar una licitación para la concesión de dos puertos terminales, uno aquí en Telfers (Caribe) y el otro en Corozal (Pacífico)", declaró Vásquez a los periodistas.
La concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, dos de los cinco que existe en torno al Canal, las gestiona el Gobierno central a través de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), que ya anunció que APM Terminal Panama, subsidiaria del grupo AP Moller-Maersk, asumirá transitoriamente la operación de ambos puertos una vez se concrete la salida de PPC.
El Canal de Panamá está incursionando en el tema portuario y lanzó el viernes pasado el proceso de licitación de los dos nuevos puertos de Telfers y Corozal, que requieren una inversión de 2.600 millones de dólares, así como de un gasoducto de al menos 4.000 millones de dólares.
Los Pliegos de Precalificación publicados en el sitio web del Canal de Panamá (https://concesiones.delcanal.com) indicarán a los interesados cómo proporcionar la documentación necesaria para participar de los procesos de licitación de estas iniciativas, dijo un comunicado de la administración del paso navegable el pasado viernes.
"Una vez que las personas formalicen su interés de participar en el proceso de licitación, vamos a tener con los precalificados una serie de conversaciones para determinar el pliego final que debe salir, digamos, a mediados de año, más o menos algo así. Y eso debe tomar como cinco o seis meses para la licitación final a principios del año 2027", explicó Vásquez a los periodistas.
Concesión anulada
El contrato de 1997 que otorgó la concesión a 25 años de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) a Panama Ports Company, así como las adendas y la prórroga automática de 2021, fueron declaradas inconstitucionales por el Supremo panameño.
Es decir, quedaron anuladas de hecho por el fallo, que responde a dos demandas en ese sentido presentadas en julio de 2025 por el contralor general de Panamá, Anel Flores, que planteó la existencia de términos lesivos.
"Es palpable el desequilibrio contractual, que se visualiza en los privilegios y prerrogativas concedidos a la empresa, así como, en una ausente contraprestación justa y equitativa para el Estado, que repercute en detrimento del bienestar general, pese a que el desarrollo de la actividad portuaria y logística de los puertos de Balboa y Cristóbal refleja un crecimiento exponencial en el movimiento de carga que se da en el comercio marítimo internacional", dice la sentencia del Supremo de Panamá, según a la prensa local.
Los puertos de Balboa y Cristóbal forman parte del acuerdo de compra venta de más de 40 terminales por cerca de 23.000 millones de dólares alcanzado en el 2025 por CK Hutchison y el consorcio liderado por el gestor de activos estadounidense BlackRock, una transacción frenada por China en el marco de una batalla geopolítica con Estados Unidos.
